El sector en España

RETOS EN SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La economía circular ofrece una gran oportunidad para transformar nuestra economía y también nuestra sociedad. Según la OIT, las iniciativas de desarrollo sostenible marcadas por gobiernos y organismos internacionales generarán hasta seis millones de puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos diez años. Pero para alcanzar esta transición hacia un mundo más verde, todavía hay que hacer frente a muchos retos: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, frenar el cambio climático, alcanzar la neutralidad energética, hacer un uso mucho más eficiente de los recursos naturales y las materias primas,... Todo ello, con la innovación, la investigación y la educación ambiental como palancas del cambio.

Si algo nos ha demostrado la crisis sanitaria que vivimos es la fragilidad de nuestro mundo, y de los sistemas económicos y sociales en los que nos apoyamos actualmente. La pandemia ha acrecentando aún más las desigualdades y los problemas que ya existían, pero también nos ha hecho más conscientes de la necesidad de vivir de forma más sostenible. Para muchos, el único futuro posible estará basado en una economía circular que se centre en la reutilización de materias primas y recursos, que proteja nuestro ecosistema, que permita tener ciudades seguras y sostenibles, que relance la vida en el mundo rural, y que provea a todos de trabajos decentes, donde estén presentes la igualdad de género y la conciliación.

El marco internacional ya está definido. El Acuerdo de París alcanzado en 2015 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el desarrollo de sus reglas en Katowice (Polonia) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, marcaron el inicio hacia ese desarrollo sostenible que conllevará la transformación del modelo económico y social de nuestro planeta. El Acuerdo de París establecía como objetivo global mantener el incremento de la temperatura media por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales (incluso si era posible, por debajo de 1,5°C), asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, y la resiliencia de los países para afrontar cualquier perturbación o impacto.

Para muchos, el único futuro posible estará basado en una economía circular que se centre en la reutilización de materias primas y recursos, que proteja nuestro ecosistema, que permita tener ciudades seguras y sostenibles, que relance la vida en el mundo rural, y que provea a todos de trabajos decentes, donde estén presentes la igualdad de género y la conciliación

Para alcanzar estos objetivos, la Unión Europea puso en marcha en diciembre de 2019 el llamado Pacto Verde Europeo "The European Green Deal", que establece una nueva estrategia para transformar la Unión Europea en un continente próspero, con una economía moderna y ecoficiente. Para convertir este compromiso político en una obligación jurídica, la Comisión propuso en marzo de 2020 una “Ley del Clima” europea que en estos momentos está en trámite, y cuyo objetivo principal es hacer de Europa el primer continente neutro climáticamente en el año 2050.

En España, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar esta transición ecológica, convirtiéndola en un elemento clave en la fase de nuestra reconstrucción. El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" presentado por el Gobierno en octubre de 2020, en línea con la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, movilizará en los próximos tres años el 50% de la financiación que nos proporcionará Europa (72.000 millones de euros entre 2021 y 2023) a través del Plan Next Generation EU, el fondo de recuperación europeo. Un 37% del total del Plan se destinará a inversión “verde” y un 33% a digitalización.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

En 2015 los 193 países miembros de Naciones Unidas suscribieron un acuerdo universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Así nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una estrategia conjunta que se articula en 17 puntos, y que son la continuación de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), iniciados en el periodo 2000-2015 con el mismo propósito, aunque más orientados a países en desarrollo.

Fuente: Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible. www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Los diecisiete objetivos y 169 metas que Naciones Unidas presentó en 2015 se han convertido en el principal referente para las políticas europeas y nacionales en materia de desarrollo sostenible para cumplir con la Agenda 2030. Entre los llamamientos que incluyen los ODS hay varios dirigidos a implantar y avanzar en las políticas de Economía Circular, de forma que se garanticen y promuevan modalidades de consumo y producción sostenibles; la protección, restablecimiento de los ecosistemas terrestres y marinos y la promoción de un uso sostenible de los mismos; lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; y adoptar medidas urgentes frente al cambio climático y sus efectos.

En noviembre de 2020 la Red Española del Pacto Mundial, junto con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, lanzó una consulta a más de 1.900 empresas españolas. Su objetivo era conocer el grado de implantación que tienen esos objetivos en el conjunto del sector empresarial español, y recoger las aportaciones y compromisos de las empresas respecto a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (el marco para la acción durante los próximos diez años para implementar los ODS de Naciones Unidas en España).

Casi todas las grandes empresas (97%), y un 95% de las empresas públicas, ya conocen la Agenda 2030, alrededor de un 78% de las pymes también, así como el 56% de los autónomos. Entre los ámbitos que la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 debería priorizar, las empresas consideran que la lucha contra el cambio climático es el más relevante (44%), seguido por la lucha contra la corrupción (34%), el fomento del consumo sostenible (25%), la igualdad de género y la conciliación (24%).

Ámbitos que la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 ha de priorizar

Fuente: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Un 89% de las empresas públicas, el 66% de las grandes empresas, el 61% de las pymes y el 40% de los autónomos consultados ya tienen implantadas medidas relacionadas con los ODS en sus negocios. El top 5 de ODS que más se están trabajando en las empresas son: la igualdad de género (ODS 5), la salud y el bienestar (ODS 3), lucha contra el cambio climático (ODS 13) y el empleo decente (ODS 8).

Por tamaño de la empresa, las grandes compañías han implementado más medidas en los ámbitos de la sostenibilidad en comparación con las pymes y autónomos. Destaca especialmente que el 63% de las grandes empresas midan su huella de carbono frente al 18% de pymes y el 5% de autónomos.

Entre las medidas más comunes destaca la de contar con una política de sostenibilidad y con políticas medioambientales (el 47% y el 50% de las empresas consultadas, respectivamente). Sin embargo, todavía tienen dificultades para pasar del compromiso a la acción: solo el 27% forma a sus empleados en ámbitos de la sostenibilidad y únicamente el 28% mide sus emisiones de CO₂.

Fomento de la economía circular

Nuestro sistema lineal de producción y consumo no ha cambiado desde la primera revolución industrial, y todavía se basa en la extracción de materia prima, la producción de bienes, el consumo y la generación de residuos. Bajo las pautas de “usar-consumir-tirar” este modelo conlleva un uso intensivo de los recursos naturales y un alto gasto energético, además de la generación de ingentes cantidades de residuos en vertederos, lo que supone la emisión de gases de efecto invernado que contribuyen al cambio climático, y que nos ha llevado hasta la crisis ambiental que atravesamos.

Para dar respuesta a esta situación, la comunidad internacional está impulsando el cambio progresivo hacia un nuevo modelo de Economía Circular que se centra en la optimización de los recursos, materias, productos y servicios disponibles, para que mantengan su valor en el conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible, a la vez que se reduce al mínimo la generación de residuos. Este cambio hacia una Economía Circular implica otros grandes desafíos sociales como la transición de lo analógico a lo digital, un uso más eficiente de los recursos naturales y las materias primas, frenar la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

Pasos que dan forma a una economía circular

Fuente: Parlamento Europeo.

Según cita la OIT en su Informe "Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018", la nueva economía circular puede crear hasta seis millones de puestos de trabajo, si se abandona el actual modelo basado en extraer, fabricar, utilizar y tirar, y se fomenta el reciclaje, la reutilización, la renovación, el alquiler y una mayor durabilidad de los bienes. Las proyecciones realizadas por la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea y la AEMA coinciden en señalar que en Europa puede generar un incremento adicional del PIB europeo de un 0,5 % e incorporar 700.000 nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030.

La primera medida que llevó a cabo la Comisión Europea fue en 2015, creando el Plan de Acción de la UE para una Economía Circular, un programa de medidas legislativas que cubre todo el ciclo de producción y consumo y que amplió en 2018. En España no se ha desarrollado una estrategia nacional hasta junio de 2020, fecha en la que se aprobó la primera Estrategia Española de Economía Circular para reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Hasta ese momento, lo más próximo a ello era el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) y la Estrategia española de Bioeconomía Horizonte 2030. A nivel autonómico cinco Comunidades Autónomas (Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco) ya cuentan con una Estrategia de Economía Circular. Castilla La Mancha es la primera que ha legislado esta cuestión, publicando una Ley de Economía Circular, y el resto de comunidades están desarrollando estrategias o cuentan con programas de desarrollo sostenible.

Objetivos de "España Circular 2030"

Fuente: España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular. MITECO.

La Estrategia, denominada “España Circular 2030” marca objetivos para esta década que permitirán reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010, reducir la generación de residuos orgánicos en toda cadena alimentaria, incrementar la reutilización y preparación y mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. El objetivo es conseguir una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, situando las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030. También identifica seis sectores prioritarios: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y sector textil y confección.

Esta estrategia pretende ser uno de los elementos clave de la Economía Circular en nuestro país, además de actuar de palanca para la recuperación económica tras la crisis sanitaria del COVID-19. También se espera que ayude a alcanzar el objetivo de neutralidad climática para el año 2050 que se incluye en el proyecto de Ley de Cambio climático y Transición Energética. Y se enmarca dentro de las iniciativas internacionales en materia ambiental, como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible o el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Adaptación al cambio climático

Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento global de las temperaturas del planeta de aproximadamente 1°C sobre el nivel preindustrial. Al ritmo actual, el aumento de 1,5°C se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5°C. Los próximos diez años van a ser cruciales para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles que se necesitan para limitar dicho calentamiento.

En el informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2018, relativo a los impactos que supondría este calentamiento global, se advierte que el cumplimiento de los actuales compromisos derivados del Acuerdo de París no son suficientes. Para limitar el calentamiento a 1,5°C, las emisiones netas de CO₂ deberían reducirse hasta cero en 2050. Si el calentamiento excede ese límite, aunque sea temporalmente, habrá mayores riesgos.

Superar ese umbral implicaría pérdidas irreversibles de muchos ecosistemas, mayor riesgo de incendios forestales, aumento de especies invasoras e inestabilidades del manto de hielo que podrían ocasionar aumentos del nivel del mar de varios metros. El calor y las concentraciones de ozono serían un riesgo para la salud humana, así como enfermedades como la malaria o el dengue. La ganadería y las cosechas de cereales se verían perjudicadas y el número de alimentos se reducirían, en especial en zonas afectadas por el aumento de las temperaturas y la escasez de agua.

Evolución del cambio de temperatura global (1960-2100)

Fuente: IPCC. Informe especial sobre los impactos de un calentamiento global.

Numerosos estudios, incluidos los propios del IPCC, coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente a este cambio climático. España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos que incluirían el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo fértil o la biodiversidad, amenazando la calidad de vida y la salud de las personas.

A nivel legislativo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021-2030) marca las acciones que deben llevarse a cabo en nuestro país en los próximos años para que podamos adaptarnos a los diversos impactos que producirá el cambio climático y proteger nuestro ecosistema. Limitar el calentamiento a 1,5°C requerirá cambios importantes en el sistema energético, el uso de la tierra, el transporte urbano, la construcción y la producción industrial para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables de ese calentamiento global.

En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece la hoja de ruta para la próxima década, se plantea una reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España para 2030, una mejora del 39,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. El objetivo es alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050 con la ayuda también de la futura Ley del Clima europea. La posición española es que esta Ley recoja ya un objetivo de reducción de emisiones de, al menos, un 55% en 2030, y la necesidad de que todos los Estados miembros avancen hacia la neutralidad climática en 2050.

Reducción de gases de efecto invernadero

El Acuerdo de París, ratificado por nuestro país en 2015, implica la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) antes de mediados del presente siglo. Entre los objetivos que se plantea España para 2030 en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se incluye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto al año 1990, para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

De acuerdo con el PNIEC, todos los sectores, entre ellos el de residuos, deberán participar en la consecución de estos objetivos para frenar el cambio climático. La estrategia para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero incluye la disminución de residuos orgánicos en vertederos, la generación de biocombustibles a partir de residuos no reciclables, así como reducir la extracción de materias primas básicas que requieran de un alto uso de energía y la huella de carbono en la fabricación de productos con ciclos de vida cortos, entre otras medidas.

En España, las emisiones brutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se situaron en 313,5 millones de toneladas en 2019. Esto supone un 6,2% menos que el año anterior, y un 29,3% menos que en 2005, aunque todavía son un 8,3% superior respecto al año 1990. Este descenso se debe especialmente a la reducción del carbón en un 64,9% y de la producción eléctrica, y al aumento de energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica, que incrementaron su producción en un 9,4% y un 19% respectivamente. El carbón ha sido sustituido principalmente por gas natural, un combustible fósil menos intensivo en producción de CO₂.

Por sectores, el que tiene más peso en el total de emisiones es el transporte (29%), seguido de la industria (20,6%), la generación de electricidad (13,5 %), la agricultura y la ganadería (12,5%), el consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%). Por gases, el CO₂ supone un 80,1% de las emisiones totales de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), seguido del metano, con un 12,8%.

Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores (2010)

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se incluyen importantes medidas para reducir las emisiones del sector transporte, el que más contamina. Entre ellas están el fomento del uso de biocombustibles (biogás, biometano, hidrógeno) y otros combustibles alternativos. También se elaborarán disposiciones para reducir las emisiones en el transporte aéreo y marítimo, y se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂.

Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán introducir en su planificación de ordenación urbana medidas que mitiguen las emisiones derivadas de la movilidad como, por ejemplo, restricciones a la circulación de turismos y furgonetas. Por otra parte, en el Código Técnico de la Edificación se establecerán obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios de nueva construcción y también en edificios ya existentes, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades.

Transición energética y energías renovables

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética sitúa el fomento de las energías renovables y la descarbonización de la economía como elementos clave para poder generar nuevas oportunidades socioeconómicas. La previsión es que la dependencia energética de nuestro país, que en 2017 era del 74%, descienda al 61% en el año 2030 gracias a la caída de las importaciones de carbón y petróleo. Según los cálculos realizados por el MITECO, esta transición energética movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión entre 2021 y 2030, y generará de 250.000 a 350.000 empleos en el sector.

Aumento del empleo

1,6% en el año 2050 con respecto al escenario tendencial

Fuente: Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050. MITECO.

Conseguir una buena implantación, tanto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 como de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, será imprescindible para lograr los ambiciosos retos que se ha planteado el Gobierno: neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el año 2050 y un sistema energético eficiente y renovable. Para conseguir estos objetivos, en el año 2030 tendremos que haber alcanzado una penetración del 42% de las energías de origen renovable en el consumo de energía final, que un 74% de nuestro sistema eléctrico se genere a partir de energías de origen renovable, y también disminuir el consumo de energía primaria.

En el documento que desarrolla la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo en España, aprobada en noviembre de 2020, se estima que el consumo de energía primaria se reducirá en torno a un 50% desde ahora hasta el año 2050.

Porcentaje de energía renovable respecto al consumo final de energía

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 2020.

Alcanzar la neutralidad climática supondrá también una oportunidad para mejorar toda la cadena de valor de la industria, y generar nuevos nichos de negocio: obligará a fortalecer el desarrollo tecnológico en la búsqueda de nuevas soluciones para la descarbonización, a abrir nuevas vías de desarrollo para los combustibles renovables, a acelerar la transformación digital de la industria, a buscar fórmulas para que el transporte contamine menos, y a que se construyan edificios ecosostenibles. El desarrollo de las energías renovables también ayudará a desarrollar la gestión forestal y la restauración de ecosistemas, abriendo un nuevo campo de oportunidades para fomentar la economía en la España rural.

Investigación, desarrollo e innovación

Realizar un uso más eficiente de los recursos naturales y de las materias primas puede traernos diversos beneficios medioambientales como contribuir a revertir el cambio climático, o frenar la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Además de llevar asociados otros beneficios económicos, como conseguir procesos productivos más eficientes y una menor dependencia en materias primas críticas presentes en muchos de los productos que desechamos, lo que traerá nuevas oportunidades de negocio y creación de empleo.

Pero alcanzar un modelo circular es un proceso complejo que va más allá de gestionar mejor los recursos o impulsar el reciclaje. Supone un gran cambio económico y social que conlleva otros grandes desafíos como la transición de lo analógico a lo digital o redefinir nuestra forma de entender el progreso. Y para asumir estos cambios es necesario fortalecer nuestras capacidades en diversos ámbitos, especialmente en investigación e innovación.

Este año entra en vigor la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI 2021-2027), que será el instrumento de base para consolidar y reforzar nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta estrategia plantea una hoja de ruta para conseguir que en 2027 España sea un país basado en el conocimiento y en la innovación, capaz de afrontar sus retos sociales, económicos y medioambientales, y lograr un bienestar sostenible y un crecimiento inclusivo. Un reto importante si tenemos en cuenta que en 2019 la inversión en I+D en nuestro país solo alcanzó el 1,25% del PIB. Un porcentaje muy alejado tanto de la media europea (2,13%) como del objetivo del 2% que establecía el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para 2020, así como del objetivo del 2,12% fijado para 2027.

Evolución de la inversión total de I+D en España (en millones de euros)

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2019. Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España invirtió en I+D un total de 15.572 millones de euros en 2019, con un incremento de 626 millones de euros respecto a 2018. Fue el quinto año consecutivo de crecimiento. A pesar de ello, todavía no hemos logrado alcanzar los niveles registrados en 2010. Una década después, no hemos recuperado los niveles de inversión y de empleo en actividades de I+D que teníamos antes de la crisis económica.

Tanto el sector público (compuesto por todas las administraciones públicas y las universidades) como el sector privado han acrecentado su inversión en I+D en los últimos años. El sector público aportó 6.789 millones de euros en 2019, alcanzando un máximo histórico en España. Sin embargo, el número de empresas que realizan actividades de I+D es muy inferior al que había antes de la crisis económica, llevando a una mayor concentración del mercado. El sector privado hoy invierte un 8,5% más que hace una década, pero lo hace con 2.500 empresas menos (un 18% menos).

Inversión pública y privada en I+D en España

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2019 (INE).

España también presenta una importante brecha en I+D con respecto al resto de la Europa comunitaria, sobre todo en inversión pública. En el periodo 2009-2019, acumula un aumento del 6,4%, muy inferior a los crecimientos observados en las otras cuatro grandes economías europeas: Alemania (40%), Reino Unido (26%), Italia (22%) y Francia (14%). Grecia y Polonia nos han superado por primera vez en in versión en I+D por habitante desde que existen datos, y Portugal ya registra un nivel de inversión equivalente al 1,4% de su PIB.